Un total de 23 personas fueron capturadas por su presunta vinculación con la organización delincuencial ‘Hexano’, investigada por la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos en cinco departamentos de Colombia. Según la Fiscalía General de la Nación, las actividades de esta red habrían ocasionado pérdidas superiores a los 2.000 millones de pesos a Ecopetrol.
La operación, cuyos resultados fueron anunciados el 3 de noviembre de 2026 en Cartagena, permitió establecer que la organización presuntamente perforaba de manera clandestina el poliducto Pozos Colorados, en Magdalena, para sustraer combustible, almacenarlo y posteriormente distribuirlo en estaciones de servicio.
Las investigaciones documentaron 17 hechos delictivos desde 2024 en Atlántico, Cesar, Sucre, Magdalena y Bolívar. De acuerdo con el ente acusador, durante estas actividades habrían sido extraídos más de 800.000 galones de hidrocarburos.
El operativo incluyó 20 diligencias de allanamiento y registro. Catorce personas fueron detenidas en diferentes municipios del Cesar, entre ellos Río de Oro, La Gloria, Chimichagua, Pailitas y Curumaní. Otras seis capturas se realizaron en Bogotá, Barrancabermeja, Cúcuta, Mompox y Magangué. Además, dos hombres se presentaron voluntariamente ante las autoridades y una mujer fue detenida en flagrancia.
En los procedimientos también se encontraron aproximadamente 220 galones de diésel, dinero en efectivo, armas de fuego, municiones y prendas de uso exclusivo de las Fuerzas Militares, elementos que fueron incorporados al proceso investigativo.
La Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, logró establecer las presuntas funciones que desempeñaban los integrantes de esta estructura.
Los 23 detenidos fueron presentados ante un juez de control de garantías, que legalizó los procedimientos de captura. Una fiscal especializada de Bolívar les formulará imputación por posibles delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento de hidrocarburos, receptación, utilización ilegal de uniformes e insignias y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y municiones.
El proceso judicial busca determinar la responsabilidad individual de los investigados y establecer el alcance de las operaciones ilegales que habrían comprometido la infraestructura de transporte de combustible y los recursos del Estado.
