Una investigación de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional permitió identificar y capturar a cinco personas señaladas de integrar una estructura dedicada a almacenar y comercializar material de abuso sexual infantil mediante grupos privados de mensajería instantánea. Los operativos se realizaron en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca), según informó el ente acusador el 9 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los resultados de la investigación, más de 600 fotografías y videos con contenido de abuso sexual contra menores de edad habrían sido difundidos en dos grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’. El acceso a estos espacios virtuales presuntamente se ofrecía a cambio de pagos y reunía a más de 140 usuarios.
Las autoridades establecieron que las actividades investigadas se habrían desarrollado entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025. Durante ese periodo, los señalados administraban los grupos, almacenaban archivos y compartían el material. Además, algunos habrían utilizado otros canales digitales para distribuir estos contenidos a cambio de dinero.
La identificación de los presuntos responsables fue resultado de un trabajo conjunto entre investigadores de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) y la Fiscalía. En las diligencias de allanamiento y registro fueron incautados teléfonos celulares, memorias USB y otros equipos electrónicos que serán objeto de análisis dentro del proceso.
Posteriormente, fiscales de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) presentaron a los cinco detenidos ante jueces de control de garantías y les formularon imputación por los delitos de pornografía con personas menores de 18 años y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, de acuerdo con la presunta participación de cada uno.
Entre los procesados figura Milton Darwin Bohórquez Alfonso, quien aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. Los cinco implicados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras continúa el proceso judicial.
La investigación busca establecer el alcance de la distribución de estos contenidos, las responsabilidades individuales y la posible participación de otros usuarios en los espacios digitales identificados.
