Siete militares fueron judicializados por presuntas irregularidades en el pago de viáticos del Ejército

Judiciales

Siete integrantes del Ejército Nacional fueron capturados y judicializados por su presunta participación en un esquema de cobros irregulares de viáticos que habría ocasionado pérdidas superiores a 10 millones de pesos a los recursos públicos. Los hechos investigados se relacionan con un batallón de operaciones terrestres ubicado en Cúcuta, Norte de Santander, y habrían ocurrido entre enero y abril de 2025.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los uniformados habrían presentado documentos e informes que certificaban supuestos desplazamientos y actividades en diferentes ciudades del país, pese a que algunas comisiones de servicio no se realizaron o no correspondían con las autorizaciones institucionales.

La investigación permitió establecer posibles inconsistencias entre los reportes entregados para justificar los viajes y los registros de las unidades militares donde los funcionarios debían cumplir sus labores. También se identificaron documentos que presuntamente fueron alterados para respaldar las solicitudes de reconocimiento y pago de viáticos.

Los investigados fueron identificados como el capitán Carlos Andrés Chía Sánchez; los sargentos primeros Julián Mauricio Alarcón Cely y Carlos Armando Bejarano Martín; el sargento viceprimero Édgar Armando Gamboa Ortega, y los sargentos segundos Javier Enrique Jiménez Ruiz, John Fredy Montenegro Garcés y Luis Eder Morales Sánchez.

Según el expediente, para el momento de los hechos desempeñaban funciones administrativas, logísticas y operacionales dentro del batallón, desde donde habrían intervenido en la elaboración, presentación y legalización de los soportes utilizados para tramitar los pagos.

Las capturas fueron realizadas por investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército, en Barranquilla, Neiva, Villavicencio, Nilo, Sogamoso, Bucaramanga y Cúcuta.

Posteriormente, un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Norte de Santander les imputó los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Aunque un juez de control de garantías no ordenó su detención en establecimiento carcelario, sí estableció medidas restrictivas que les prohíben salir del país y comunicarse con los testigos del proceso judicial.

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