Fiscalía captura a presunto extorsionista que amenazaba, hacía cobros millonarios e incendio de un establecimiento en San Andrés

Judiciales

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Marlon Gómez Hudgson, conocido con el alias de ‘Marlito’, por su presunta participación en varios hechos de extorsión contra comerciantes, ciudadanos y un contratista del departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La investigación lo señala como uno de los posibles responsables de intimidaciones y exigencias económicas para permitir el funcionamiento de actividades comerciales y laborales en el archipiélago.

De acuerdo con el material probatorio recopilado por el ente investigador, Gómez Hudgson estaría vinculado al grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’ y habría participado en cuatro episodios delictivos mediante los cuales se exigían pagos a cambio de no causar daños a las propiedades o atentar contra la integridad de las víctimas y sus familiares.

Uno de los casos más representativos se remonta a octubre de 2024. Según la investigación, el procesado habría exigido 3.000 millones de pesos a un contratista que prestaba servicios de vigilancia y aseo en la Gobernación de San Andrés, con el propósito de presionarlo económicamente y condicionar la continuidad de sus labores.

La Fiscalía también documentó otros tres hechos ocurridos entre febrero y octubre de 2026. En estos episodios, presuntamente se establecieron cobros ilegales a propietarios de negocios y particulares, acompañados de amenazas contra sus establecimientos y viviendas.

Dentro de los acontecimientos investigados figura el incendio de una carnicería durante la madrugada del 20 de febrero de 2026. Las autoridades relacionan este ataque con la negativa del propietario a entregar el dinero que le estaban exigiendo.

Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, adscrita al grupo Gaula, formuló imputación contra Gómez Hudgson por los delitos de concierto para delinquir y extorsión en grado de tentativa, ambas conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y, por decisión judicial, deberá permanecer privado de la libertad en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal. La responsabilidad por los hechos investigados deberá establecerse en las correspondientes etapas judiciales.

Deja un comentario