Dentro del proceso de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se pudo constatar y de acuerdo al material probatorio recaudado por el ente investigador, que Édgar Iván Guevara Cuellar, contratista del PAE en el Amazonas estaría implicado en amenazas, atentados y homicidios hechos presentados y denunciados entre abril del 2021 y septiembre del 2022.
Las víctimas de las amenazadas e intimidaciones eran las personas que denunciaron las irregularidades en el manejo dado al Plan de Alimentación Escolar (PAE) en ese departamento, dentro de las investigaciones se estableció que Guevara Cuellar, habría sido el determinador del atentado del que fue víctima el excandidato a la Cámara de Representantes por Amazonas Fabio Eduardo Grueso Rodríguez, quien fue atacado con armas de fuego, presuntamente, luego que denunciara posibles irregularidades en el PAE, además, las investigaciones van por buen camino y, se cree que sería responsable de amenazar a los servidores encargados de velar por el Plan de Alimentación Escolar, a la supervisora del contrato en la Secretaría de Educación de Amazonas y al Procurador Regional del departamento, entre otros funcionarios.
Desde menos siete años, Édgar Iván Guevara su progenitora y su esposa se habrían mantenido cómo los únicos contratistas del PAE; por lo cual habrían suscrito varios contratos bajo intimidaciones a los funcionarios que han intentado intervenir contra la posible corrupción
Presuntamente, Édgar Iván Guevara Cuellar haría parte de una estructura de crimen organizado que delinque en territorio colombiano y cuyas acciones ilegales se extienden a Perú y Brasil. Además, las evidencias recaudadas permitieron establecer que, haría parte de una red de sicarios que estaría implicada en varios homicidios selectivos ocurridos en Leticia (Amazonas).
De la misma manera, sería el responsable de la coordinación del tráfico de estupefacientes y de armas de fuego entre distintos países, que incluso habrían logrado ingresar a centros de reclusión en Amazonas.
En este sentido, la Fiscalía imputó al detenido los delitos de homicidio agravado; tentativa de homicidio agravado; amenazas contra servidores públicos y dirigentes políticos; concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y tráfico de estupefacientes; y porte ilegal de armas agravado. Los cargos no fueron aceptados por el procesado
