Autor: Fabian Camilo Plaza Rubiano
En el Comité Penitenciario y Carcelario, coordinado por la gobernación del Quindío a través de la secretaría del Interior se llevó a cabo el pasado martes 31 de enero, en el que se plantearon acciones con la Policía, Alcaldías municipales, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, para continuar mitigando la problemática de hacinamiento que vive el departamento del Quindío por medio de convenios interadministrativos con el Inpec, para apoyar en el mantenimiento y recepción de las personas privadas de la libertad en calidad de sindicados.
Luis Alberto Balsero Contreras, alcalde del municipio de Calarcá dijo: “La situación es un poco delicada no solo en el departamento del Quindío sino a nivel nacional, el tema de hacinamiento en los centros transitorios como inspecciones de Policía y Calarcá no es ajeno con el permanente local. Hay un inconveniente en el tema de alimentación ya que el proveedor para las personas privadas de la libertad dice que no cubre esa ruta y por ende realizamos una propuesta desde el municipio de colocar un vehículo para transportar los alimentos hacia el corregimiento de Barcelona para solventar esa situación”.
Explicó además que el objetivo es que el centro transitorio en la Villa del Cacique no debe superar los 50 internos, pues con ese número se puede solventar el servicio y demás factores sin hacinamiento. “Este convenio vamos a empezar a estructurarlo para que de alguna u otra manera se encuentre una solución, pero esta problemática lleva muchos años y no se ha logrado una solución. En estos momentos nosotros tenemos en Calarcá 68 privados de la libertad, una situación de hacinamiento no muy alto”.
Juan Carlos Navia Herrera, director regional de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, explicó “Existen unos protocolos de aislamiento ordenados por el ministerio de Salud y Protección Social y semanalmente se están recibiendo los condenados, pues de ello puedo dar fe yo mismo y frente a los sindicados estos son responsabilidad de los entes territoriales y el Inpec solo colabora con el mantenimiento previo a los convenios suscritos”.
El director de la autoridad penitenciaria aseguró que desde dicha entidad cuentan con convenios interadministrativos los cuales consisten en generar un apoyo para el mantenimiento de sindicados dentro del establecimiento con colchonetas, kits de aseo y elementos básicos. Puntualizó que, a nivel nacional, la sobrepoblación se ubica cerca al 20% y aclaró que a nivel regional este porcentaje puede variar un poco.
A su turno Juana Camila Gómez Zamorano, secretaria del Interior, indicó “Una de las conclusiones es que deben sostenerse los convenios con el Inpec para que, desde la Gobernación del Quindío y algunos municipios del departamento, se aporte a la mitigación del hacinamiento que estamos viviendo en el Quindío. Otros compromisos apuntan a la secretaría de Salud departamental en materia de revisar el tema de salud pública, quedan pendientes acciones pendientes en el aseguramiento de estas personas detenidas por parte de las secretarías de salud municipales y el compromiso más grande es a realizar seguimiento a este tipo de mesas”.
La funcionaria agregó que el porcentaje de hacinamiento en el Quindío es alto, por ello desde la institucionalidad se siguen buscando alternativas de solución a la misma. En ese sentido se busca gestionar con el Gobierno Nacional una nueva mesa con el ministerio de Justicia y la Unidad De Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, que permita retomar y reafirmar su compromiso para la construcción del módulo de Peñas Blancas, lo cual se encuentra cargo, exclusivamente, de esta última entidad.
