Las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá han emitido una Alerta Temprana Binacional debido a los riesgos y vulneraciones a los derechos humanos que enfrentan los migrantes que atraviesan la frontera entre los dos países. Esta alerta se emitió para varias zonas, incluyendo Necoclí, Turbo, Unguía, Acandí, Juradó, Pinogana, Chepigana y las comarcas Emberá Wounaan y Guna Yala.
El control territorial de los grupos armados ilegales y organizaciones del crimen organizado en Colombia y los grupos de delincuencia local en proceso de organización en Panamá deja en evidencia la difícil situación que enfrentan los migrantes y las comunidades que habitan en ambas zonas. Los equipos de las Defensorías del Pueblo de ambos países han encontrado una alta situación de vulnerabilidad y desprotección social en estas áreas.
Los migrantes y las poblaciones que viven en la región alertada enfrentan múltiples riesgos y vulneraciones a los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, incluyendo violencia sexual, desaparición forzada, homicidios, extorsiones para permitir el tránsito de migrantes, robo de pertenencias y dinero, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, tráfico de migrantes y posible trata de personas. Especialmente en situación de vulnerabilidad se encuentran mujeres, madres lactantes, y niños y niñas que viajan solos o cuyos núcleos familiares han resultado divididos por cuenta de las dificultades de la travesía.
Los equipos técnicos de las Defensorías del Pueblo de Colombia y Panamá estuvieron monitoreando las vulneraciones de derechos contra los migrantes y los pobladores de la zona durante ocho meses. Encontraron una capacidad limitada de respuesta en prevención y protección de derechos de los gobiernos territoriales y nacionales.
La Alerta Temprana Binacional incluye seis recomendaciones de alcance binacional para garantizar los derechos a estas poblaciones, incluyendo el establecimiento de una Mesa Permanente de atención a la población migrante y la revisión de los flujos migratorios irregulares, las violaciones a los derechos humanos y las rutas victimizaciones. Además, se solicita la fortaleza de los canales de diálogo y comunicación para evaluar mecanismos de disuasión de las amenazas a los derechos humanos en la zona de frontera, y se enfatiza en la importancia de intervenir y atender en favor de estas poblaciones bajo criterios de humanidad y dignidad, con un enfoque diferencial.
