Una encomienda proveniente del municipio de Unión Panamericana, en el departamento de Chocó, generó preocupación en una empresa de envíos en Bogotá el pasado 9 de septiembre de 2022. Tras escanear el paquete, los funcionarios de la compañía descubrieron que contenía 10 cajas de munición, lo que desató una investigación policial, las labores de policía judicial llevaron a determinar que el presunto remitente del paquete era el cabo segundo del Ejército, Luis Diego Tovar Montealegre, quien forma parte de un batallón con sede en Chocó, según las investigaciones, el uniformado habría solicitado a una mujer que enviara el paquete, aparentemente para su madre, quien supuestamente necesitaba baterías para paneles solares.
Las pruebas recopiladas permitieron a la Fiscalía establecer que los destinatarios de la carga serían grupos armados ilegales que operan en el oriente del país, además, se constató que los cartuchos pertenecían al batallón al que pertenece el suboficial, ya que, al realizar un inventario en la guarnición militar, se verificó que faltaban 474 cartuchos calibre 556, el suboficial fue capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía en Caquetá, con el apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional de Florencia, la Fiscalía le imputó el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Militares o explosivos, ante la contundencia del material probatorio presentado por la acusación, el procesado decidió aceptar los cargos en su contra.
En una audiencia judicial, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario para el suboficial, en espera de que se realice el proceso legal correspondiente, este lamentable incidente pone de manifiesto la importancia de mantener una estricta supervisión y control sobre el manejo de municiones por parte de los miembros de las Fuerzas Militares, con el fin de evitar que estos materiales caigan en manos equivocadas y sean utilizados para actividades delictivas.
Las autoridades continúan trabajando para desarticular las redes que facilitan el tráfico de armas y municiones hacia grupos ilegales en el país, y se espera que este caso sirva como un mensaje contundente de que aquellos que se involucren en actividades ilícitas serán investigados, capturados y llevados ante la justicia.
