La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia Ocoró, enfrenta cargos legales tras ser presentada por la Fiscalía General de la Nación ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, se le acusa de presuntas responsabilidades en el trámite y celebración de más de un centenar de contratos, los cuales habrían sido realizados en incumplimiento de normas y principios fundamentales en la contratación pública.
Según la evidencia presentada, después de que el Presidente de la República solicitara públicamente su renuncia el 27 de febrero, la exfuncionaria habría ordenado la terminación selectiva y subjetiva de 104 contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión, los cuales originalmente tenían una duración de cuatro meses, cada uno de los contratistas firmó un acta de terminación anticipada alegando motivos personales, aunque posteriormente, por instrucción de la exministra, fueron nuevamente contratados por un período extendido hasta el 31 de diciembre de 2023.
Durante la investigación se descubrió que entre el 2 y el 6 de marzo del presente año se celebraron los 104 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, aparentemente sin cumplir con requisitos legales, algunos de estos incumplimientos incluyen la falta de certificados de insuficiencia o inexistencia de personal de planta para cubrir las funciones, la falta de justificación de la necesidad de contratar servicios externos y el uso de certificaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social desactualizadas, según la Fiscalía, estas acciones podrían haber sido realizadas con el objetivo de asegurar la continuidad laboral de personas cercanas o afines a la exministra, evitando que sus contratos fueran terminados con su salida del Ministerio del Deporte.
La exministra Urrutia Ocoró ha sido imputada por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, sin embargo, la investigada no ha aceptado el cargo, el caso continúa en desarrollo y se espera que se realicen los procedimientos judiciales correspondientes para determinar la responsabilidad en este caso de presunta actuación ilícita en la contratación pública.
