Cada 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un sombrío recordatorio de un flagelo que ha afectado a miles de personas en todo el mundo, Colombia no ha sido ajeno a esta dolorosa situación, y las cifras son alarmantes, según el Registro Único de Víctimas (UV), un total de 192.440 personas en Colombia han sido registradas como víctimas de desapariciones forzadas, dentro de este desgarrador universo, 51.342 son víctimas directas, es decir, personas que fueron desaparecidas, mientras que 141.098 son víctimas indirectas o personalmente afectadas, es decir, son los familiares de quienes fueron arrancados de sus vidas.
El 30 de agosto, en el auditorio Antonio Valencia de la Gobernación del Quindío, un grupo valiente y decidido de dos docenas de estas familias se reunieron para llevar a cabo una emotiva actividad conmemorativa, durante este acto, rindieron homenaje a sus seres queridos y dejaron una consigna que resonó profundamente: “Jamás serán olvidados”, la jornada conmemorativa fue organizada por la Gobernación del Quindío y la Unidad para las Víctimas, y contó con la presencia de representantes de la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Normalización y Reincorporación y la Fundación de Supervivientes Maná de Armenia (Fundamaná).
Las víctimas tuvieron la oportunidad de observar un conmovedor video homenaje a las familias de las personas desaparecidas, preparado por Fundamaná, también participaron en actividades psicosociales destinadas a canalizar su dolor, pero, sobre todo, enfatizaron que la búsqueda incansable de sus seres queridos está más viva que nunca, en el Quindío, según los datos de la Red Nacional de Información que maneja las estadísticas de la Unidad para las Víctimas, 1.381 personas han sido víctimas directas o indirectas de desapariciones forzadas.
En la Unidad para las Víctimas, el lema es claro: “Cambiamos para servir”, el objetivo es seguir trabajando en acciones que contribuyan a la implementación de una política que permita superar los rezagos, brindar una reparación transformadora y garantizar que aquellos que han padecido el conflicto armado puedan acceder efectivamente a sus derechos.
