En un esfuerzo continuo por combatir la extorsión en la región, fiscales adscritos a la Seccional Quindío lograron la judicialización de cuatro personas en tres casos independientes, presuntamente vinculados a actos delictivos relacionados con la extorsión en las localidades de Armenia y Circasia.
El primero de estos incidentes tuvo lugar en la capital quindiana, donde el pasado 2 de septiembre, un individuo fue capturado en flagrancia en la avenida Centenario, frente a un centro comercial, mientras recibía la suma de $500.000 pesos, producto de una extorsión dirigida hacia su propio padre, según las investigaciones, el sospechoso aparentemente realizaba estos cobros ilegales a su progenitor con el supuesto propósito de evitar amenazas a su vida y la de su abuela, además, se cree que también exigía la entrega de un teléfono celular.
En otro incidente en Armenia, el 24 de agosto, un comerciante recibió llamadas extorsivas, presuntamente provenientes de un grupo delictivo al margen de la ley, en estas llamadas, se le habría exigido el pago ilegal de 10 millones de pesos, bajo amenaza de atentar contra su vida y la de su familia, en este caso, Anderson Ríos Pabón fue capturado en la vía pública del Parque Sucre mientras, según la suposición de las autoridades, recibía el dinero exigido de manera ilícita.
El último evento se registró en el municipio de Circasia, donde Rubén Darío Cortés Restrepo y el ciudadano extranjero Alexander De Ávila Guignán presuntamente realizaron exigencias económicas ilegales a una víctima perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, estas demandas se hicieron bajo la amenaza de hacer públicas situaciones íntimas con los presuntos extorsionistas y de atentar contra la vida de la víctima, los investigados fueron detenidos el 1 de septiembre en el barrio San Vicente mientras, según se presume, recibían una suma de $500.000 pesos como parte de la exigencia ilícita.
En todos estos casos, los acusados enfrentan cargos por el delito de extorsión agravada, y hasta el momento, ninguno de ellos ha aceptado los cargos imputados en su contra, en los dos primeros casos, a solicitud de la Fiscalía, los presuntos responsables fueron privados de su libertad y enviados a centros carcelarios, mientras que los dos últimos investigados fueron cobijados con medidas no privativas de la libertad.
