Por Luisa Villarraga
La Misión de Observación Electoral ha presentado su quinto informe preelectoral sobre la violencia contra líderes políticos, sociales y comunales. El informe abarca los eventos ocurridos desde el 29 de octubre de 2022 hasta el 29 de septiembre de 2023.
Los datos revelados en este informe son alarmantes, ya que se han registrado un total de 653 incidentes de violencia en el último año. La mayoría de estos actos de violencia (436) están dirigidos contra líderes políticos, lo que representa un aumento del 92% en comparación con los números de 2019.
Es importante destacar que la violencia dirigida a líderes sociales ha disminuido en un 15.6% durante el mismo período. Sin embargo, de las 179 acciones violentas dirigidas a candidatos locales, treinta de ellas se han traducido en violencia letal, con 22 atentados y ocho asesinatos, según explicó Diego Alejandro Rubiano, investigador sénior del Observatorio Político Electoral de la entidad.
Territorialmente, los departamentos de Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Antioquia y Santander concentraron el 33.5% de estos hechos violentos y el 56.7% de la violencia letal dirigida a candidatos.
Además de la violencia específica contra líderes políticos y candidatos, el informe también aborda la situación general de seguridad y orden público relacionada con acciones de grupos armados ilegales. El informe registra un total de 1,352 incidentes violentos, de los cuales 947 involucran acciones armadas y 405 son amedrentamientos.
El aumento del 127% en estos hechos violentos en comparación con 2019 es preocupante, y se destaca que este incremento ya venía ocurriendo desde las elecciones de 2022, con un aumento del 66% en la violencia en comparación con ese período.
La Misión de Observación Electoral ha realizado recomendaciones antes del proceso electoral, como mantener canales de diálogo entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales, involucrar a las comisiones de seguimiento en la oficina del alto comisionado de paz y fortalecer los esquemas de protección para candidatos que enfrentan riesgos extraordinarios de seguridad, como añadió Rubiano. Estas acciones son fundamentales para garantizar un proceso electoral libre de violencia y amenazas.
