La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a dos personas que harían parte de un entramado de corrupción que intervino ilícitamente en procesos contractuales que se realizaron en el Tolima, Quindío y Valle del Cauca, entre noviembre de 2020 y finales de 2022.
Se trata de Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo del senador Ciro Ramírez, y del contratista Anderson González, a quienes una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos, cargos que ninguno de los dos aceptó.
Según la investigación, la red criminal tenía como objetivo direccionar contratos de obra e interventoría que se financiaron con recursos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Empresa Industrial y Comercial del Estado ‘Proyecta Quindío’.
Para ello, Katherine Rivera Bohórquez, en su rol de enlace con el congresista Ciro Ramírez, se habría comunicado con funcionarios de estas entidades para coordinar y direccionar los lineamientos de designación en 15 contratos, de estos, 11 habrían sido adjudicados de forma directa e irregular a González y a algunas de las empresas en las que tenía participación.
El contratista presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador y quedarse con el negocio, como parte de esta nueva línea de investigación, la Fiscalía le pidió a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que indague la posible responsabilidad del congresista Ciro Ramírez, quien encabezaría esta red de corrupción.
Al parecer, por ese favorecimiento acordó el pago de 1.000 millones de pesos, que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intervinieron.
Los 11 contratos comprometidos ascienden en valor a 9.376 millones de pesos, y fueron suscritos en municipios de Tolima:
Purificación: contrato de obra por 1.639 millones y de consultoría por 114 millones para construir vías con placa huella.
Mariquita: contrato de obra por 1.981 millones y de consultoría por 139 millones para vías con placa huella.
Villarrica: contrato de obra por 1.293 millones y de consultoría por 90 millones para vías en placa huella.
Melgar: contrato de obra por 2.125 millones y de consultoría por 148 millones para la pavimentación en concreto rígido de una vía.
Piedras: contrato de obra por 1.139 millones y de consultoría por 79 millones para la pavimentación de varias calles.
Contrato denominado ‘Tolima Varios’: que correspondía a una consultoría por 629 millones).
El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia para Rivera Bohórquez y González, la investigación continúa para establecer la posible participación de otras personas en este entramado de corrupción.
