En un desarrollo investigativo en el caso del homicidio del líder estudiantil Lucas Villa Vásquez, la Fiscalía General de la Nación informa que funcionarios del CTI se dirigieron a una clínica en Pereira, donde un hombre había ingresado de urgencias tras ser víctima de un ataque armado en el centro de la ciudad, la visita tenía como objetivo verificar una información que sugería que esta persona podría estar relacionada con un hecho delictivo ocurrido durante las protestas de 2021.
Después de revisar la información en el centro médico y dialogar con el paciente, los investigadores confirmaron que se trataba de Jhon Alexander Mejía Hurtado, conocido como alias “Alex” o “Carevieja”, quien se cree que fue uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Lucas Villa Vásquez en mayo de 2021 en Pereira, en consecuencia, se procedió a materializar la orden de captura que pendía sobre él.
Las pruebas reunidas sugieren que alias “Álex” era el cabecilla de una estructura del grupo delincuencial “La Cordillera”, que ejerce influencia en el barrio San Judas Tadeo de Dosquebradas, Risaralda, se le vincula a las reuniones en las que se planificó el asesinato de Lucas Villa y al seguimiento que la organización ilegal realizó a la víctima para conocer sus movimientos y su papel en las protestas.
De acuerdo con la información disponible, la noche del 5 de mayo de 2021, sicarios de “La Cordillera” se desplazaron en motocicletas al viaducto que conecta Pereira con Dosquebradas, donde llevaron a cabo un ataque indiscriminado contra Lucas Villa, quien fue trasladado a un hospital y falleció cinco días después, el incidente también dejó heridos a otros dos ciudadanos, incluyendo a un menor de edad.
En relación con estos eventos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos formuló cargos contra alias “Alex” por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
El acusado no aceptó los cargos y se le impuso la medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario.