La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las entidades territoriales y del orden nacional para que concentren esfuerzos en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y así sea prestado de manera adecuada, especialmente en aquellos lugares donde ha habido permanentes quejas y donde la prestación del servicio ha sido intermitente.
La Defensoría del Pueblo aplicó el Protocolo en 118 instituciones educativas en los departamentos de Amazonas, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Risaralda y Sucre, donde recogió la voz de alrededor de 1400 niños, niñas y adolescentes beneficiarios del PAE; además, realizó entrevistas a padres, madres, cuidadores, directores de las instituciones, operadores y funcionarios de secretarías de Educación y Salud, todos, actores claves para su implementación.
Entre los hallazgos más preocupantes se encuentran:
En Norte de Santander y Guaviare, la niñez y adolescencia beneficiarias reportaron que les salían pelos en el complemento alimentario, así mismo, expusieron que hay pocas cucharas, lo que las obliga a utilizarlas a lo largo de una jornada varias veces, recibiéndolas, en algunas ocasiones, en condiciones de aseo y desinfección deficientes.
Para los casos de Chocó y Boyacá, fue identificada la falta de agua potable,
en Atlántico, excrementos de animales en los lugares de preparación y almacenamiento, estas anomalías, en consecuencia, ponen en riesgo su salud e integridad.
Adicionalmente, se encontró que en Soacha y Pasto las instalaciones en las que se desarrolla el PAE son precarias, ya que hay filtraciones de agua, las cuales generan un riesgo para las personas que transitan, y el espacio del comedor es insuficiente.
En Magangué (Bolívar) y Tunja y Coper (Boyacá) se identificó que el menaje y los utensilios de aseo son insuficientes, lo cual redunda en que los espacios estén en condiciones deficientes de aseo.
En Córdoba, con base en información de la Unidad Administrativa de Alimentos para Aprender, con corte al 31 de octubre, el PAE a cargo de la Gobernación de Córdoba se suspendió desde el 30 de mayo del 2023, afectando a 156.690 estudiantes, además, en otras entidades territoriales certificadas, como Amazonas, Cesar y Guaviare, el Programa presenta alerta de suspensión.
Debido a las irregularidades encontradas, la entidad activó 19 rutas defensoriales, con las que ha venido haciendo requerimientos y coadyuvancias de acciones judiciales, así mismo, invitó a los operadores para que le den el cumplimiento completo y oportuno a la operación del PAE, de acuerdo con los Lineamientos Técnicos Administrativos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, particularmente en lo relacionado con la constitución de los menús y ciclos de menú, para que sean elaborados teniendo en cuenta los usos y costumbres de los diferentes territorios, con el fin de evitar el desperdicio de los alimentos.
Camargo Assis añadió que es propicio adelantar una correcta planeación de la ejecución del Programa para que los procesos precontractuales y contractuales no afecten la operación y continuidad durante todo el calendario escolar, y, con ello, los derechos de niñas, niños y adolescentes beneficiarios sean garantizados.
La Defensoría del Pueblo hace un llamado a padre, madres y cuidadores para que exijan la conformación del Comité de Alimentación Escolar en las instituciones educativas en donde no se encuentra constituido, y donde ya esté conformado, sean establecidas rutas de seguimiento y vigilancia claras que permitan verificar oportunamente las irregularidades en el PAE.
