El equipo periodístico del Informativo LC Noticias, pudo conocer el reciente informe presentado por el Sistema de Alertas Tempranas, de la Defensoría del Pueblo donde ha revelado una preocupante situación de riesgo y amenaza para aquellos dedicados a promover y proteger los derechos de las comunidades en Colombia, según el informe, durante el año 2023, un total de 181 líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en el territorio nacional, con 160 hombres y 21 mujeres entre las víctimas.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, calificó esta situación como inaceptable, destacando que cada dos días, en promedio, un defensor de derechos humanos perdió la vida en el país, donde expresó su preocupación por las consecuencias no solo para las familias afectadas, sino también para las comunidades y la defensa de los derechos fundamentales en Colombia.
Aunque el informe evidencia la cruda realidad que enfrentaron quienes buscan preservar los derechos de las comunidades, se señala una disminución del 16% en comparación con el año 2022, cuando se registraron 215 casos, a pesar de esta reducción, el panorama sigue siendo alarmante.
El informe detalla que los sectores más afectados fueron el comunal, indígena, comunitario, campesino, afrodescendiente, víctima, OSIGD-LGBTIQ+ y activistas de derechos humanos, los meses de abril, junio, julio, diciembre y marzo registraron el mayor número de asesinatos.
La preocupación se intensifica al observar que tres departamentos, Cauca, Antioquia y Nariño, concentraron el 41% de los casos. Cauca encabezó la lista con 36 casos, seguido de Antioquia con 21 y Nariño con 17, la institución de derechos humanos hace un llamado a aumentar los esfuerzos para garantizar la protección en contextos de alta vulnerabilidad, especialmente en las zonas con mayor incidencia de homicidios.
En los últimos ocho años, se han registrado cerca de 1.300 líderes asesinados, según el informe. El Defensor del Pueblo hace un llamado colectivo a entidades nacionales, autoridades locales, fuerzas de seguridad, organizaciones de la sociedad civil, la comunidad internacional y cada ciudadano a unirse en la protección de los defensores de derechos humanos.
