Por: Anyi Yuliana Gironza
El Gobierno colombiano anunció este lunes, 12 de febrero, la declaración de emergencia carcelaria como medida para hacer frente a la persecución de bandas criminales contra los guardianes de prisiones y combatir la extorsión desde los centros de reclusión del país, todos ellos con un alto nivel de hacinamiento.
La decisión surge después de una serie de actos violentos en las últimas semanas dirigidos contra los funcionarios del Inpec. El evento más reciente fue el asesinato del agente Jesús Cárdenas, quien fue tiroteado el sábado por dos sicarios mientras desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena.
“Nuestro Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) acaba de aprobar por unanimidad la declaración de emergencia carcelaria. Esta medida tiene dos objetivos principales: primero, proteger la vida y la integridad de los guardianes de las cárceles; segundo, erradicar por completo la extorsión y la corrupción que se originan desde los establecimientos penitenciarios”, afirmó el ministro de Justicia, Néstor Osuna.
El director del Inpec explicó que, de acuerdo con el decreto de emergencia carcelaria, se podrán aplicar restricciones en las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y llevar a cabo traslados y operativos dentro de las celdas de los líderes de bandas como “La Inmaculada”, que durante el fin de semana generaron terror en Tuluá, ubicado en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país.
Tras la captura de Mauricio Marín Silva, alias “Nacho”, uno de los líderes de “La Inmaculada”, también conocida como “La oficina”, esta banda criminal perpetró el asesinato de un guarda de tránsito, incendió ocho vehículos y profirió amenazas contra el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.
Ante esta escalada de violencia, las autoridades del Valle del Cauca decidieron implementar una medida de militarización en la ciudad. Según informaron este lunes, la situación ha sido controlada.
Osuna explicó hoy que se destinarán fondos para la adquisición de equipos bloqueadores de señales de teléfonos celulares en las cárceles. Estos dispositivos son utilizados por los reclusos para extorsionar e incluso planificar otras actividades delictivas. Además, se continuarán realizando allanamientos y requisas sorpresivas en las cárceles, así como trasladando a los presos sospechosos de seguir delinquiendo desde el interior de los centros penitenciarios.
Esta marca la cuarta ocasión en que se declara una emergencia carcelaria en Colombia. La primera tuvo lugar en 2013 debido al hacinamiento; la segunda ocurrió en 2016 debido a diversos problemas; y la tercera fue en 2020 debido a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
