El gerente de la RAP Eje Cafetero convocó a una reunión virtual, donde participaron funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, con el fin de evaluar los avances en la protección ambiental del emblemático Parque Nacional Natural de los Nevados, esta reunión surge tras el respaldo de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a la sentencia del Tribunal Superior de Ibagué, la cual reconoce derechos fundamentales al Parque, incluyendo el derecho a la vida, la salud y un ambiente sano.
El procurador delegado para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios, Gustavo Adolfo Guerrero Ruiz, el procurador delegado para la conciliación administrativa, Luis Ramiro Escandón, entre los participantes, además, se suman procuradores y procuradoras judiciales, ambientales y agrarios de renombre como Daniel Rubio Jiménez, Mónica del Pilar Gómez Vallejo, Luz Elena Agudelo Sánchez y Gloria Patricia Aguilera.
El propósito de este encuentro era evaluar el progreso realizado hasta la fecha y dirigir esfuerzos para limitar actividades que puedan resultar incompatibles con el ecosistema, como es el caso de la ganadería, a pesar de contar con una sólida normativa ambiental.
Los datos revelan que, de los 71 predios privados identificados en 2020, tan solo 4 han sido adquiridos hasta diciembre de 2023, además, tanto la retirada de ganado del Parque como la implementación de alternativas productivas han avanzado de manera lenta.
Es evidente la urgencia de sustituir las fuentes de energía utilizadas por las comunidades asentadas dentro del área protegida por opciones más sostenibles, aspecto en el que aún no se ha registrado avance alguno.
El turismo desmedido dentro del Parque también está siendo objeto de atención, demandando una revisión exhaustiva por parte de los entes de control y las autoridades locales.
Una de las conclusiones más destacadas es la necesidad de contar con recursos económicos para llevar a cabo las acciones requeridas, así como la importancia de mejorar la coordinación entre todas las entidades involucradas, conforme a lo estipulado por la sentencia de la Corte.
