Por: Anyi Gironza
La polémica reforma de salud propuesta por el Gobierno colombiano sufrió un revés significativo este miércoles en la Comisión Séptima del Senado. Con nueve votos a favor de archivar definitivamente la iniciativa y cinco en contra, se selló su destino, marcando una derrota legislativa notable para el presidente Gustavo Petro, quien había invertido capital político considerable en esta causa.
El senador Wilson Arias, representante de la coalición oficialista Pacto Histórico, subrayó la importancia de aceptar el resultado del debate y trabajar arduamente desde el Gobierno para salvaguardar el sistema de salud colombiano.
En una jornada prolongada de debates, la oposición expuso sus argumentos a favor del archivo de la propuesta, mientras que el Gobierno y sus aliados defendieron los beneficios que esta traería, respaldados fervientemente por Petro.
El hundimiento de la ley llega un día después de que el Ejecutivo interviniera a la entidad prestadora de salud (EPS) Sanitas por un año, debido a presuntas dificultades financieras en el contexto de la crisis que atraviesan varias empresas del sector. Esta intervención ha generado una oleada de críticas al Gobierno por parte de políticos, expertos y gremios del sector, quienes consideran la medida inoportuna y, en cierta medida, como una represalia anticipada por el fracaso previsto de la reforma de salud.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) lamentó esta intervención, señalando que ocurre en un momento crítico de discusión sobre la reforma de salud y a pesar de las reiteradas solicitudes al Gobierno para abordar la crisis del sector.
La reforma de salud
La reforma de salud, ahora hundida, había logrado la aprobación en la Cámara de Representantes a finales del año pasado, pasando posteriormente a debates en el Senado, a pesar de las múltiples críticas recibidas por parte de asociaciones médicas y de pacientes.
El propósito central de esta iniciativa era reformar el sistema de salud pública, priorizando la prevención y la atención primaria, especialmente en regiones remotas donde la disponibilidad de clínicas y servicios de salud es escasa.
No obstante, la propuesta implicaba una reducción del poder y la gestión de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), empresas privadas encargadas de administrar los recursos de los contribuyentes para brindar servicios de salud.
La controversia no se hizo esperar, y la iniciativa fue objeto de fuertes críticas, incluso por parte de congresistas pertenecientes a partidos aliados del Gobierno, como la Alianza Verde. Asimismo, asociaciones médicas y opositores argumentaron que la propuesta no era viable desde el punto de vista fiscal y que podría empeorar la calidad de la atención sanitaria recibida por los colombianos.
El declive del proyecto se vislumbraba desde el mes pasado, cuando ocho de los 14 miembros de la Comisión Séptima del Senado presentaron una ponencia para archivar definitivamente la iniciativa, lo que finalmente se materializó.
