Subsecretario de salud de Bogotá fue condenado a 18 años de prisión, por el denominado ‘Carrusel de la Contratación’

Judiciales

Tras una apelación presentada por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Bogotá ha emitido un fallo condenatorio contra el exsubsecretario de Salud de Bogotá, Juan Eugenio Varela Beltrán, así como los contratistas José Antonio Bonnet Llinás, Yolanda Sarmiento Gutiérrez y Andrés Fernando Bocanegra Sarmiento, la sentencia los declaró culpables de participar en un entramado de corrupción relacionado con la adjudicación de un contrato para la compra de ambulancias y otros elementos para atender emergencias en la ciudad.

La decisión del Tribunal revoca un fallo previo que había absuelto a estos individuos, imponiendo penas proporcionales a su nivel de responsabilidad, en este sentido, el exsubsecretario enfrentará una condena de 18 años, 7 meses y 7 días de prisión por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación, mientras que los contratistas recibirán penas de 10 años, 8 meses y 28 días de prisión por el delito de peculado por apropiación.

Los hechos que llevaron a esta decisión judicial están vinculados al contrato N°1229, firmado en septiembre de 2009 entre la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Fondo Financiero de Salud del Distrito, en colaboración con una unión temporal compuesta por tres empresas, este contrato tenía como objetivo la adquisición de 55 ambulancias medicalizadas, 15 vehículos de respuesta rápida y la contratación de personal necesario para la atención de emergencias, con un monto total de 67.203 millones de pesos.

Durante el proceso judicial, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que el exfuncionario facilitó información privilegiada a los representantes de la unión temporal seleccionada durante la etapa precontractual, lo que les permitió ajustar su propuesta para obtener el contrato, además, se revelaron sobrecostos en la prestación de servicios profesionales de médicos, psiquiatras, enfermeras, auxiliares de enfermería y conductores, donde se pagaron 34.739 millones de pesos, pero el gasto real ascendía a 17.196 millones de pesos.

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