Tras una exhaustiva investigación llevada a cabo durante el fin de semana bajo el nombre de Operación ‘Europe Express’, la Fiscalía General de la Nación ha desmantelado una red de delincuencia organizada con base en Barranquilla, este grupo se dedicaba a proporcionar y suministrar servicios para la obtención de documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana y Venezuela.
La operación judicial, dirigida por un equipo de fiscales especializados en casos prioritarios de la Delegada contra las Organizaciones Criminales, ha culminado con la captura de 31 personas y ha contado con el apoyo crucial de la Dijín de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.
Las detenciones se llevaron a cabo en Bogotá y diversas ciudades y municipios de los departamentos del Atlántico, Córdoba, Amazonas, Caquetá, Cesar, Sucre y La Guajira, se presume que estas personas contribuían coordinadamente en las actividades de la organización ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de ciudadanía y pasaportes fraudulentos.
Según información proporcionada hasta el momento, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha invalidado 344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente a migrantes dominicanos y venezolanos.
La investigación revela que la organización cobraba entre dos mil y cuatro mil quinientos dólares por la provisión de documentos falsos a migrantes, estos, bajo identidades aparentemente colombianas, viajaban a México o Guatemala con la intención de cruzar, por vía terrestre, hacia los Estados Unidos, algunos optaban por dirigirse a países europeos o buscar ingresar a Norteamérica por esa ruta.
Los líderes de la red delictiva, un ciudadano dominicano y una colombiana, junto con un considerable número de colaboradores, tramitadores y familiares, presuntamente operaban desde 2021, se estima que al menos 11 personas se encargaban de reclutar migrantes para ofrecer, tramitar y obtener documentos adulterados, además, 3 empleados y 6 exfuncionarios de la Registraduría estarían implicados en la suplantación de identidades, mientras que 3 empleados y 5 exfuncionarios de la Cancillería se encargarían de la falsificación de pasaportes.
En respuesta a estos delitos, la Delegada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por tráfico de migrantes, concierto para delinquir, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito.
