Por: Anyi Gironza
Este fin de semana se desató una polémica en el sector agrícola debido a una resolución emitida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural que propone la creación del programa de fomento a la Asociatividad Rural y Productiva “Confianza Colombia”, en el marco de la reforma agraria integral.
Según el Ministerio, este programa busca atender las necesidades de organizaciones campesinas de pequeños y medianos productores para aumentar sus capacidades de producción y promover el fortalecimiento de la asociatividad rural. Sin embargo, las fuentes de financiamiento para este programa han generado dudas entre los actores del sector.
La Resolución 124 de 2024 menciona que algunos fondos podrían provenir de “recursos parafiscales autorizados por el órgano competente para programas económicos, sociales y de infraestructura destinados a las organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores agropecuarios”. Esto ha levantado cuestionamientos porque, aunque estos recursos son públicos, provienen de contribuciones tributarias de los agricultores y son administrados por la institución más representativa del sector, lo que significa que el Gobierno no tiene decisión directa sobre ellos.
El exministro de Agricultura, Andrés Valencia, declaró que es improbable que una resolución ministerial pueda definir el destino de estos recursos parafiscales, ya que solo las leyes que crearon estos fondos tienen esa facultad. Similarmente, el exministro de Justicia, Wilson Ruíz Orejuela, comentó que los planes del Ministerio podrían representar un control gubernamental sobre estos fondos, resultando en una distribución ineficiente que beneficiaría a asociaciones afines al Gobierno.
José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán, enfatizó que la ley actual no permite que los recursos parafiscales del sector ganadero se inviertan en obras de infraestructura, destacando la necesidad de respetar las reglas y objetivos establecidos para estos fondos.
El plan del Ministerio de Agricultura incluye tres objetivos principales: apalancar la reforma agraria, transformar e incluir productivamente, y fortalecer la asociatividad. Se espera una inversión de $2,6 billones, incluyendo recursos de diversas entidades como Finagro, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Agencia de Desarrollo Rural (ADR).
Pese a las intenciones del Ministerio, fuentes cercanas al sector sugieren que el plan podría ser una reinterpretación de iniciativas ya existentes, cuestionando su originalidad y efectividad.
Esta controversia resalta la necesidad de un diálogo claro y transparente sobre el uso de los recursos parafiscales y el desarrollo de políticas que verdaderamente beneficien al sector agropecuario del país.
