Tras siete años de investigación, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 28 exmilitares por su supuesta implicación en 604 ejecuciones extrajudiciales, ocurridas entre 2002 y 2008 en la región Caribe. La decisión, anunciada este 8 de abril, representa el mayor número de víctimas atribuidas a falsos positivos desde la creación del tribunal transicional.
Entre los procesados figuran tres mayores generales retirados, dos brigadieres generales y 23 oficiales y suboficiales, quienes habrían integrado una estructura criminal organizada dentro del Ejército Nacional. Estos operaban en unidades como la X Brigada Blindada, el Grupo de Caballería Mecanizado No. 2 y el Batallón de Artillería No. 2 La Popa, con sede en varios departamentos del Caribe colombiano.
La JEP concluyó que los crímenes respondieron a una estrategia sistemática que tenía como propósito inflar resultados operacionales para mostrar avances en seguridad. Esta práctica estuvo alineada con la política nacional de defensa de ese periodo y se apoyó en un sistema de presiones, incentivos y recompensas.
El tribunal identificó 19 unidades militares implicadas en estos hechos, en los cuales el 76 % de las muertes reportadas como bajas en combate fueron en realidad asesinatos de civiles. El año más crítico fue 2007, con 257 víctimas en 159 casos distintos.
Para sustentar sus hallazgos, la Sala de Reconocimiento de Verdad examinó más de 300.000 folios de pruebas, 27 informes institucionales y de ONG, así como 246 declaraciones voluntarias de uniformados, incluyendo altos mandos, y múltiples observaciones de víctimas y organismos de control.
Este nuevo auto de imputación marca un hito en el esclarecimiento judicial de los falsos positivos, y pone en evidencia la existencia de una macrocriminalidad estructurada dentro del Ejército, con patrones y métodos definidos para presentar muertes ilegales como resultados legítimos en combate.
