Una reciente inspección judicial realizada en un predio del Ejército Nacional en Bogotá ha generado preocupación entre organismos de justicia transicional, luego de descubrirse una excavación no autorizada en una zona clave dentro de la Escuela de Logística. Ese terreno había sido identificado como posible lugar de inhumación clandestina, relacionado con el caso de Irma Franco, una de las desaparecidas tras la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
El hallazgo tuvo lugar el pasado 3 de febrero, durante una diligencia liderada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que incluyó la presencia de magistrados y expertos forenses. El área excavada corresponde a uno de los 15 puntos señalados previamente por un exintegrante de inteligencia militar, quien años atrás había brindado testimonios sobre sitios donde presuntamente se ocultaron víctimas de desaparición forzada dentro de instalaciones castrenses.
A pesar de que ese lugar contaba con medidas cautelares desde septiembre del año anterior, el terreno fue intervenido. La excavación realizada —de poco más de un metro de profundidad— contenía residuos plásticos, palas, una camiseta con insignias oficiales y un paquete de comida vencido, pero no restos humanos.
La importancia del punto radica en que era uno de los indicios más sólidos sobre el posible destino final de Irma Franco, exintegrante del M-19, de quien se ha documentado que fue vista con vida al salir del Palacio de Justicia bajo custodia militar, pero cuyo paradero continúa sin esclarecerse.
En respuesta al incidente, la magistrada encargada del caso presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación e inició un proceso de desacato contra el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, y contra el teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo, director actual de la Escuela de Logística.
Según explicó el Ejército a través de un informe remitido a la JEP, la excavación fue ordenada por un sargento con el supuesto propósito de disponer residuos hospitalarios, aunque dicha acción no se completó. A pesar de esa explicación, el acto fue considerado una posible obstrucción al proceso judicial y a la búsqueda de desaparecidos del conflicto armado.