A pesar de haber aportado pruebas clave como chats, datos de geolocalización y testimonios directos, la exconsejera presidencial Sandra Ortiz no ha visto avances en su caso ante la Fiscalía. Su declaración, sin embargo, destapa una trama de corrupción que involucra nombres de alto nivel, como el senador Iván Name, el exdirector del Dapre Carlos Ramón González y el entonces secretario jurídico del Gobierno, Vladimir Fernández.
Ortiz relató que la mañana del 13 de octubre de 2023 compartió un desayuno con esos tres funcionarios. Acordaron que, a cambio de facilitar la elección de Fernández como magistrado de la Corte Constitucional, ella entregaría una suma de 3.000 millones de pesos, supuestamente provenientes de dineros corruptos de la UNGRD.
Ese mismo día, ya en la noche, Ortiz llevó la primera mitad del dinero en efectivo (1.500 millones) hasta el apartamento del senador Name, en el norte de Bogotá. Lo hizo en compañía de Pedro Aguilar, un esmeraldero con quien tenía una relación sentimental. El hombre, asesinado semanas después por un francotirador, habría sido testigo clave del encuentro. Según Ortiz, la plata fue recibida por el hijo del congresista, Iván Leonidas Name Ramírez, bajo instrucciones directas de su padre.
Horas más tarde, Ortiz volvió a ese lugar para entregar los otros 1.500 millones, cerrando así el trato. Su objetivo era conseguir que Name incluyera en el orden del día la votación para que Fernández accediera a la Corte, una decisión que se habría demorado más de lo esperado, generando presiones internas.
Actualmente, Sandra Ortiz intenta negociar inmunidad total a través de un principio de oportunidad. Su colaboración con la Fiscalía incluye una matriz de implicaciones, pero el proceso no ha tenido mayor eco. Versiones recogidas por SEMANA apuntan a que Fernández habría jugado un papel decisivo en la elección de la actual fiscal general, lo que estaría blindándolo políticamente. También se sugiere que ni él ni la canciller Laura Sarabia serían objeto de interés para los investigadores.
