Una profunda preocupación ha generado la situación actual del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Calarcá, conocido como cárcel Peñas Blancas, donde los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad se encuentran en evidente riesgo. Según información reciente, desde marzo no hay un médico asignado, lo que ha desencadenado una alarmante crisis sanitaria en el centro carcelario.
La falta de atención en salud ha provocado el estancamiento de diagnósticos, tratamientos y procedimientos médicos vitales para los internos. Esta omisión pone en jaque la vida de reclusos con patologías graves como VIH, cáncer, diabetes, hipertensión y tuberculosis. Además, más de 1.100 personas están recluidas en un espacio diseñado para albergar solo 950, lo que ha agravado problemas de salubridad y acceso al agua potable.
La situación más crítica se vive en el Patio 5A, donde se concentran adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y población LGBTIQ+. Allí, la falta de agua potable obliga a los internos a abastecerse de un pozo antiguo, generando riesgos adicionales para su salud.
La Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de su rol de vigilancia como Ministerio Público, han encendido las alarmas por el incumplimiento de estándares básicos constitucionales en materia de reclusión. Ambas entidades han recordado que la Corte Constitucional ya ha declarado el sistema penitenciario en estado de cosas inconstitucional, reiterando la necesidad de intervención urgente (Sentencias T-388/13, T-762/15, SU-122/22).
El seguimiento también ha revelado que al cierre de 2024 más de 200 personas seguían recluidas de forma prolongada en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), espacios concebidos como temporales, pero que se han convertido en celdas permanentes ante la saturación carcelaria.
Frente a este panorama, los internos han manifestado intenciones de protesta, como huelgas de hambre o motines, exigiendo el respeto a sus derechos fundamentales. La falta de personal médico, la sobrepoblación y las condiciones insalubres evidencian una crisis humanitaria que exige medidas urgentes por parte del INPEC, el Ministerio de Justicia y el Gobierno Nacional.
La situación en Peñas Blancas no es aislada: representa una muestra del colapso del sistema penitenciario colombiano, que requiere acciones estructurales y sostenidas, más allá de simples soluciones temporales.
