El gobierno de los Estados Unidos implementó un nuevo programa de retorno asistido para personas en condición migratoria irregular, con el objetivo de facilitar su salida voluntaria del país y reducir los gastos del sistema de deportaciones. La estrategia incluye una ayuda económica de 1.000 dólares por persona y puede gestionarse a través de una nueva plataforma digital llamada CBP Home.
Este mecanismo, promovido por la administración del presidente Donald Trump, busca incentivar que los migrantes sin documentos legales informen directamente su decisión de regresar a sus países de origen, a cambio de apoyo logístico y el subsidio mencionado. Una vez verificada su salida, el migrante recibe el desembolso económico.
La medida ha sido descrita por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como una “herramienta moderna y humanitaria” que permite descongestionar los centros de detención migratoria, minimizar los costos operativos y evitar detenciones prolongadas. Según datos oficiales, deportar a una persona por vía tradicional cuesta en promedio más de 17.000 dólares, mientras que el nuevo sistema reduciría esa cifra en más de dos tercios.
Hasta ahora, ya se han registrado casos exitosos, como el de un migrante que viajó de regreso desde Chicago a Honduras gracias al programa. La iniciativa ha comenzado a extenderse por varios estados, y las autoridades prevén un aumento en las solicitudes durante los próximos meses.
Sin embargo, la propuesta ha generado divisiones. Mientras el gobierno asegura que se trata de una vía eficiente para ordenar el sistema migratorio, organizaciones defensoras de derechos humanos han expresado su preocupación por la posibilidad de que muchos migrantes acepten esta opción sin comprender completamente sus derechos legales o por miedo a ser detenidos.
Además, el plan se enmarca en un contexto de mayor endurecimiento de las políticas migratorias. En lo que va del año, se han reportado más de 168.000 detenciones, entre ellas cientos de presuntos integrantes de bandas como el Tren de Aragua y MS-13, quienes han sido trasladados a prisiones fuera del país bajo acuerdos internacionales.
El gobierno estadounidense insiste en que seguirá fortaleciendo sus controles migratorios, pero ahora busca combinar estrategias de contención con herramientas tecnológicas que permitan “una salida digna para quienes no califican para permanecer en territorio estadounidense”.
