La Fiscalía General de la Nación formuló imputación contra María Alejandra Benavides Soto, quien se desempeñó como asesora del Ministerio de Hacienda y actuó como enlace con el Congreso, por su presunta participación en una red de favores políticos vinculada a contratos públicos de alto valor.
Según las investigaciones, entre octubre de 2023 y marzo de 2024, Benavides habría facilitado que congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público incluyeran iniciativas contractuales de su interés a cambio de respaldar propuestas de endeudamiento presentadas por la cartera de Hacienda ante el Legislativo.
El material probatorio indica que varios de estos contratos estarían destinados a obras de infraestructura en distintos puntos del país: uno en Cotorra (Córdoba) por más de 44.000 millones de pesos, otro en Saravena (Arauca) por 32.500 millones, y un tercero en el corregimiento El Salado de Carmen de Bolívar por 12.353 millones.
Además, se evidenció que Benavides habría asistido a encuentros clave en los que se instruyó a altos funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre ellos su entonces director Olmedo López, para viabilizar los contratos sugeridos por legisladores.
La exfuncionaria también habría entregado al subdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla, información detallada sobre los funcionarios locales y contratistas recomendados por los congresistas, para que estos fueran tenidos en cuenta en los procesos contractuales.
Las gestiones atribuidas a Benavides facilitaron que las operaciones de crédito propuestas por el Ministerio avanzaran en el Congreso con el respaldo de los parlamentarios involucrados. La Fiscalía continuará con el proceso judicial mientras avanza la investigación sobre posibles implicaciones de otros actores públicos.
