El intento del presidente Gustavo Petro por revivir su propuesta de reforma laboral a través de una consulta popular quedó truncado este miércoles, luego de que el Senado de la República negara la iniciativa en una cerrada votación que terminó con 49 congresistas en contra y 47 a favor. La decisión desató una ola de acusaciones, tensiones dentro del Congreso y un nuevo llamado a la movilización por parte del Ejecutivo.
El debate sobre la conveniencia de llevar a las urnas los ejes fundamentales de una reforma archivada meses atrás se intensificó en los últimos días, con fuertes presiones desde ambos bandos políticos. La propuesta del Gobierno consistía en que el pueblo decidiera directamente sobre puntos clave como la limitación de la tercerización laboral, garantías para trabajadores rurales, y nuevas licencias laborales, incluida una por menstruación.
El resultado del conteo, apenas cerrado el proceso de votación, encendió una disputa entre el oficialismo y la mesa directiva del Senado. El ministro del Interior, Armando Benedetti, lanzó una dura acusación contra el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, y el secretario general de la corporación, afirmando que manipularon el conteo. “El voto del pueblo fue saboteado desde adentro. Vamos a acudir a los organismos judiciales y a la opinión pública”, declaró.
El ambiente en la plenaria se tornó hostil. Gritos, señalamientos y empujones fueron la escena posterior a la votación, que generó caos entre bancadas enfrentadas. La coalición de gobierno anunció de inmediato que interpondrá recursos para apelar el resultado, al tiempo que Petro reaccionó con vehemencia a través de sus redes sociales.
“El Congreso ha cerrado una vía democrática. Que sea el pueblo quien decida en las calles”, escribió el mandatario en su cuenta de X, convocando a sindicatos, líderes comunitarios, estudiantes y organizaciones sociales a reunirse para definir “el siguiente paso en defensa de la dignidad laboral”.
Desde que la reforma fue archivada en marzo por la Comisión Séptima del Senado, el Ejecutivo impulsó esta nueva ruta para buscar respaldo ciudadano. Sin embargo, el rechazo parlamentario ha sido interpretado por analistas como una muestra del debilitamiento del bloque de gobierno y el endurecimiento del ambiente político en el país.
Colombia se encuentra a menos de un año de entrar en un nuevo ciclo electoral, con elecciones legislativas y presidenciales programadas para el 2026. El hundimiento de la consulta popular, que estaba planeada para mediados de este año, deja al Ejecutivo sin una de sus principales banderas reformistas y lo obliga a replantear su estrategia de gobernabilidad.
Por ahora, el debate se traslada a las calles, donde los sectores sociales decidirán si acogen el llamado del presidente o si el desgaste político comienza a pasar factura. La incertidumbre en torno al rumbo de las reformas estructurales se profundiza.