Una organización ilegal dedicada al tráfico de armas fue desmantelada tras una investigación liderada por la Fiscalía, en la que se descubrió que tanto miembros activos como retirados de la Fuerza Pública estarían involucrados en el suministro y comercialización clandestina de armamento.
El grupo delictivo operaba desde instalaciones oficiales, donde supuestamente sustraía pistolas, revólveres, rifles y munición, que luego eran modificados o alterados para borrar rastros de su origen. Posteriormente, estos elementos eran vendidos a particulares, empresas de seguridad privada y otras organizaciones, a través de contactos encubiertos.
Durante los allanamientos realizados en Bogotá y Zipaquirá (Cundinamarca), las autoridades capturaron a cinco personas señaladas como integrantes de esta red. Entre ellos figuran dos altos mandos activos de la Policía Nacional, un sargento retirado del Ejército con experiencia como armero, un comerciante de artículos militares y quien sería el líder del grupo.
En los operativos se incautó un importante arsenal: 20 armas cortas, un rifle de precisión, una escopeta, un fusil, dos mini Uzi, decenas de cargadores, más de tres mil cartuchos de distintos calibres, además de dinero en efectivo en pesos y dólares.
A todos los capturados se les imputaron cargos relacionados con la fabricación, tráfico y tenencia ilegal de armas, así como concierto para delinquir agravado. Adicionalmente, a algunos se les atribuyen delitos como uso indebido de uniformes oficiales y manejo de armamento de uso restringido.
