La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió sanciones millonarias contra el municipio de Yumbo, en el Valle del Cauca, tras detectar irregularidades en la reasignación del servicio público de aseo. La investigación concluyó que, al finalizar un contrato con un operador, las autoridades municipales entregaron de forma directa los usuarios a otra empresa, omitiendo los procedimientos legales establecidos para garantizar la libre competencia.
El pronunciamiento se formalizó mediante la Resolución N.º 22250 del 22 de abril de 2025, donde se advierte que este tipo de actuaciones contradicen las disposiciones regulatorias del sector. De acuerdo con la SIC, los municipios están obligados a realizar convocatorias públicas, como licitaciones, o contar con autorizaciones legales claras antes de asignar la prestación de servicios a nuevos operadores.
En el caso de Yumbo, el proceso fue calificado como anticompetitivo y perjudicial, tanto para las empresas que habrían podido participar en igualdad de condiciones como para los usuarios, quienes quedaron sin opciones ni información sobre el cambio de operador.
Las multas superan los mil millones de pesos y se distribuyen así:
- Municipio de Yumbo: $920.915.584
- Empresa de servicios públicos de Yumbo (ESP): $316.683.966
- Alcalde (persona natural): $60.111.353
- Gerente de la empresa (persona natural): $1.346.535
La SIC recordó que este tipo de asignaciones directas ya habían sido advertidas como ilegales en la Resolución N.º 53933 de 2024, y reafirmó que cualquier reasignación debe hacerse bajo procesos que garanticen transparencia, competencia efectiva y legalidad.
Estas sanciones buscan enviar un mensaje claro a los entes territoriales: las reglas de juego deben cumplirse, y la omisión de procedimientos legales no solo pone en riesgo el equilibrio del mercado, sino que puede acarrear consecuencias económicas y disciplinarias serias para los responsables.
