Las investigaciones por presuntos hechos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) siguen revelando implicaciones de alto nivel. Esta vez, el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla fue llamado a responder ante la justicia, tras ser señalado como uno de los actores clave en el desvío de millonarios contratos estatales durante 2023.
Según las autoridades, la Fiscalía ha acumulado evidencia suficiente para vincularlo a un entramado de corrupción que comprometió al menos tres convenios de obra pública por un valor cercano a los 90 mil millones de pesos. Las irregularidades habrían ocurrido mientras Bonilla ocupaba el cargo de jefe de la cartera de Hacienda y participaba en reuniones donde se planificó la manipulación de los contratos.
Estos contratos, dirigidos a intervenciones en los departamentos de Córdoba, Bolívar y Arauca, fueron redirigidos, según la investigación, para favorecer intereses políticos de varios congresistas integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El objetivo: asegurar apoyo legislativo a través de beneficios económicos disfrazados de inversión pública.
La mecánica del fraude habría sido acordada en encuentros privados, uno de ellos celebrado en la oficina ministerial, y ejecutada mediante comunicaciones entre funcionarios de la UNGRD y asesores del exministro. La urgencia en cerrar los acuerdos antes de una votación clave refuerza las sospechas de que hubo una intención deliberada de manipular procesos contractuales con fines políticos.
El caso ha cobrado mayor fuerza con el testimonio de la exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, quien figura como pieza clave en la recolección de pruebas y será testigo en el proceso. Las autoridades judiciales ahora preparan la audiencia de imputación, que será adelantada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.