Ruth López, reconocida abogada y activista de derechos humanos en El Salvador, expresó con firmeza este miércoles que no permitirán que la silencien, durante una audiencia judicial donde enfrenta cargos de corrupción. Su arresto, ocurrido hace dos semanas, ha sido señalado por organizaciones humanitarias como parte de una campaña del gobierno de Nayib Bukele para acallar a sus críticos.
La jurista de 47 años, integrante de la ONG Cristosal, ha investigado supuestos actos de corrupción gubernamental, apoyado a víctimas de la política de seguridad estatal y asistido a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos y recluidos en El Salvador.
En medio de un grupo de periodistas y escoltada por seis policías, López declaró frente al Juzgado Décimo Segundo de Paz en San Salvador: “No me van a callar, quiero un juicio público… la gente merece saber. El que nada debe, nada teme”. Además, reafirmó su confianza diciendo: “¡Dios y la verdad están conmigo!”, mientras llevaba una biblia y vestía una camiseta blanca, aunque las autoridades le habrían pedido usar un atuendo formal.
El proceso judicial se mantiene bajo “reserva total”, limitando la información disponible públicamente.
Pedro Cruz, abogado defensor, señaló a la prensa que el gobierno teme a las denuncias y al trabajo de López: “¿A qué le temen? A que se haya hecho una acusación sin fundamentos… le temen a lo que la imputada ha realizado y dicho en su labor profesional”.
Desde Human Rights Watch, Juan Pappier, subdirector para las Américas, expresó en la red social X que si existieran pruebas sólidas, se levantaría la reserva del caso, insinuando falta de transparencia.
La Fiscalía acusa a López de presunto “peculado” relacionado con su asesoría hace una década al entonces presidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas, detenido en febrero por enriquecimiento ilícito, y que podría implicar a López en cargos adicionales.
Sin embargo, entidades como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado un aumento en la persecución contra activistas que señalan corrupción y violaciones a las libertades bajo la administración de Bukele, alertando sobre la situación de los defensores de derechos humanos en el país.
