La Procuraduría General de la Nación instó a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) y de Desarrollo Sostenible a fortalecer su relación con el Congreso de la República, subrayando su obligación legal de cooperar con las funciones de control político que ejerce el legislativo. En una circular reciente dirigida a los directores generales y a los integrantes de los consejos directivos de estas entidades, el órgano de control destacó la importancia de respetar y garantizar el ejercicio efectivo de esta función.
El pronunciamiento enfatiza que la autonomía administrativa, financiera y operativa de las CAR no las exime de rendir cuentas ante el Congreso, de acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y en el artículo 258 de la Ley 5ª de 1992. La Procuraduría recordó que es indispensable responder de forma veraz, oportuna y completa a los cuestionarios, citaciones y solicitudes de información presentados por senadores y representantes.
“La transparencia y el acceso a la información constituyen pilares fundamentales del sistema democrático y son esenciales para asegurar la participación ciudadana y la rendición de cuentas”, destaca el documento.
Además, la circular reiteró la vigencia del Acuerdo de Escazú, ratificado por Colombia, el cual refuerza la obligación de las autoridades ambientales de suministrar información ambiental de interés público, especialmente cuando sea requerida por el órgano legislativo en el marco de su función de control.
La Procuraduría hizo un llamado a las CAR a fortalecer los canales de diálogo con el Congreso y a garantizar el flujo de información necesaria para un ejercicio de control político que contribuya a la protección ambiental y al fortalecimiento de la democracia.
