El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, reiteró este viernes la necesidad de que el país avance hacia un pacto fiscal que permita enfrentar de forma ordenada el déficit creciente en las finanzas públicas. Aunque evitó confirmar decisiones concretas, el funcionario no descartó que el Consejo de Política Fiscal (Confis) evalúe una eventual modificación o incluso suspensión temporal de la regla fiscal.
Durante su intervención en la clausura de la convención de Asobancaria, Ávila advirtió que mantener la regla fiscal sin flexibilidad podría llevar a la parálisis de la administración pública y a una desaceleración significativa de la economía. En ese sentido, pidió abrir un debate técnico y político para explorar alternativas que permitan sanear las cuentas del Estado sin afectar la inversión ni el bienestar social.
“Aplicar la regla fiscal al pie de la letra, sin adaptarla a las circunstancias actuales, sería como imponerle un freno de mano al país”, afirmó el ministro, subrayando que el déficit actual no obedece a una expansión irresponsable del gasto, sino a obligaciones heredadas que la administración de Gustavo Petro ha debido enfrentar.
Presión por obligaciones del pasado
Ávila detalló que una porción considerable del desequilibrio fiscal proviene de compromisos adquiridos en gobiernos anteriores. Mencionó, por ejemplo, la deuda con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), derivada de la política de congelamiento del precio de la gasolina durante tres años, lo que ha obligado al gobierno actual a destinar cerca de $73 billones para cubrir ese desbalance entre 2022 y 2025.
Otros factores que presionan las finanzas públicas son los pagos pendientes por la línea de crédito flexible tomada del FMI en la pandemia —alrededor de $22 billones—, así como los subsidios a la energía eléctrica para los estratos bajos, que representan unos $5 billones anuales.
En total, el ministro estima que estas tres obligaciones suman más de $120 billones, cifra que da cuenta de la magnitud del reto fiscal.
Gastos inmodificables y realismo presupuestal
Frente a las propuestas de reducir drásticamente el gasto público, Ávila recordó que cerca del 90% del presupuesto nacional está atado a compromisos legales o constitucionales que no pueden eliminarse sin afectar la estabilidad del país. Esto incluye transferencias a entes territoriales a través del Sistema General de Participaciones, el pago de pensiones, el servicio de la deuda y los salarios del personal público en áreas estratégicas como educación, salud y seguridad.
El jefe de la cartera económica enfatizó que, si bien el gobierno está revisando el gasto, cualquier ajuste deberá ser cuidadoso y técnicamente sustentado. “Los recortes no pueden plantearse como una consigna fácil desde la tribuna. Requieren rigor y responsabilidad”, concluyó.
El gobierno presentará en los próximos días el Marco Fiscal de Mediano Plazo, documento clave para conocer el rumbo que tomará la política fiscal en un escenario de restricciones, incertidumbre y alta presión social.
