En un país donde el campo sigue siendo el corazón económico y cultural de muchas regiones, las mujeres rurales continúan siendo invisibilizadas en la toma de decisiones, el acceso a recursos y el reconocimiento de su trabajo. Así lo advirtió la Defensoría del Pueblo, que prendió las alarmas sobre las persistentes brechas de género que afectan a este sector de la población.
A pesar de representar cerca del 49 % de la población campesina del país, las mujeres rurales siguen enfrentando profundas barreras en el acceso a tierra, participación política y servicios básicos como salud y educación. De acuerdo con cifras recientes del DANE, la pobreza multidimensional impacta con más fuerza a los hogares liderados por mujeres en zonas rurales, superando incluso los índices de los hogares con jefatura masculina.
Además, la violencia contra las mujeres en el campo es un problema persistente. El Instituto Nacional de Medicina Legal reportó que cerca del 60 % de las víctimas de agresiones no fatales en zonas rurales durante el año anterior fueron mujeres, lo que refleja los entornos de vulnerabilidad en los que viven muchas de ellas.
Uno de los puntos más críticos es la desigualdad en la propiedad de la tierra. Aún hoy, solo el 36 % de los predios de propiedad única están en manos de mujeres, y la mayoría de ellos no supera las tres hectáreas, lo que limita su autonomía y capacidad de generar ingresos sostenibles.
En cuanto al trabajo no remunerado, la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo revela que más del 93 % de las mujeres rurales participan en estas labores desde temprana edad, frente a un 56 % de los hombres. Esta carga desigual no solo impide que muchas mujeres accedan a empleos formales, sino que también restringe su tiempo para formación, liderazgo y participación en espacios comunitarios.
La participación política de las mujeres campesinas también es extremadamente baja: apenas el 0,6 % está vinculada a movimientos o partidos políticos, lo que limita su incidencia en decisiones que afectan directamente sus territorios y formas de vida.
Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo reiteró su llamado al Estado colombiano para que se revisen y actualicen marcos normativos como la Ley 731 de 2002, que busca proteger los derechos de las mujeres rurales, y que aún no cuenta con una reglamentación adecuada. Además, propuso reforzar el respaldo institucional a organizaciones de mujeres del campo, brindándoles herramientas para la defensa de sus derechos y su participación activa en escenarios de gobernanza.
El reciente reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional refuerza esta necesidad urgente de transformación estructural. Para la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, este avance debe ir acompañado de acciones concretas: “Las mujeres rurales han resistido, han trabajado y han sostenido el campo colombiano. Ahora es momento de retribuirles con garantías reales de equidad, acceso y respeto”, afirmó durante su intervención en Barrancabermeja, en el marco del Día Nacional del Campesinado.
El llamado es claro: la transformación del campo solo será posible si se reconoce y fortalece el papel esencial de las mujeres rurales, no solo como productoras, sino como constructoras de paz, tejido social y futuro para el país.
