Frente a la creciente tensión institucional entre el Ejecutivo y el Legislativo por la convocatoria a una consulta popular nacional para el próximo 7 de agosto, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, llamó a la prudencia y anunció que será la justicia quien tenga la última palabra.
Durante una declaración pública, Penagos fue enfático en señalar que, ante la falta de consenso entre las dos ramas del poder público, corresponde a las altas cortes resolver jurídicamente el rumbo de este mecanismo de participación ciudadana, que ha generado profundas divisiones y cuestionamientos legales.
“El país se encuentra ante un dilema de orden constitucional. No es una simple decisión técnica ni administrativa; está en juego la estabilidad institucional y el respeto a las reglas democráticas”, indicó el registrador.
Acciones inmediatas y solicitud de claridad judicial
En ese sentido, la Registraduría Nacional activó una serie de acciones legales para buscar orientación: solicitará concepto jurídico al Consejo de Estado, enviará comunicaciones a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Procuraduría General de la Nación, y pedirá a las cortes que se pronuncien con urgencia ante las demandas ya radicadas.
Penagos recordó que el artículo 266 de la Constitución establece a la Registraduría como un ente autónomo e independiente, sin subordinación funcional a ninguna otra autoridad del Estado. Esta independencia es, según explicó, la garantía de transparencia que debe regir todo proceso electoral o de participación ciudadana.
Un presupuesto millonario y tiempos imposibles
Además del limbo jurídico, Penagos advirtió que, aun si existiera luz verde para la consulta, el tiempo juega en contra: “Estamos a menos de dos meses del 7 de agosto. Técnicamente, no es viable realizar una consulta nacional en este lapso. La planeación mínima, según la ley, requiere al menos tres meses”.
El funcionario también subrayó que llevar a cabo esta consulta tendría un costo estimado de 750.000 millones de pesos, recursos que, si no hay certezas legales, no podrían comprometerse sin riesgo de detrimento patrimonial.
Separación de poderes y llamado a la cautela
“El país necesita serenidad institucional. No se puede forzar un mecanismo que podría vulnerar el principio de separación de poderes o generar inseguridad jurídica”, concluyó el registrador nacional, reiterando que serán los jueces quienes decidan si esta consulta avanza o no, de acuerdo con los lineamientos constitucionales.
