En una medida que marca un precedente en la defensa de los derechos humanos en Colombia, la Corte Constitucional, a través del Auto 897 de 2025, ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) asegurar la provisión continua de alimentación para las personas privadas de la libertad en centros de detención transitoria. La Federación Colombiana de Municipios aplaudió esta decisión, calificándola como un paso esencial para evitar una crisis de carácter humanitario en las regiones.
La decisión del alto tribunal reconoce que los municipios no cuentan, en su mayoría, con las herramientas administrativas, presupuestales ni logísticas para asumir la atención alimentaria de esta población. Esto representa un alivio importante para las administraciones locales, que venían alertando sobre las limitaciones estructurales que enfrentan para asumir esta responsabilidad sin respaldo nacional.
“Esta determinación protege no solo la dignidad de las personas detenidas, sino también a los entes territoriales, que han sido históricamente desbordados por la ausencia de políticas claras y recursos adecuados en esta materia”, afirmó la Federación mediante comunicado oficial.
El pronunciamiento judicial responde a una situación crítica: durante años, cientos de detenidos en estaciones de policía y centros de detención provisionales han estado expuestos a condiciones precarias por la falta de un sistema alimentario garantizado, lo que ha generado múltiples llamados de atención desde organismos de control y defensores de derechos humanos.
La Federación Colombiana de Municipios reiteró su disposición a participar en los escenarios de concertación liderados por la Corte y las entidades nacionales, con el objetivo de construir soluciones estructurales, sostenibles y ajustadas a la realidad del país. Además, insistió en que cualquier esquema de descentralización debe ir acompañado de recursos efectivos, reglas claras y mecanismos de control que permitan su adecuada ejecución.
Finalmente, el gremio enfatizó que el bienestar de las personas privadas de la libertad no puede ser visto como una carga local, sino como una responsabilidad compartida del Estado colombiano, que requiere coordinación, voluntad política y un enfoque centrado en la dignidad humana.
