La Procuraduría General de la Nación sancionó en fallo de primera instancia a Ana Patricia Díaz Latorre, funcionaria de la Gobernación del Quindío, por haber recibido de forma indebida más de $50 millones del erario durante un periodo de poco más de dos años.
Según la investigación adelantada por la Procuraduría Regional de Juzgamiento del Quindío, entre julio de 2021 y septiembre de 2023, Díaz Latorre manipuló el sistema de gestión administrativa y de nómina de la entidad para autoliquidarse pagos por encima de lo autorizado. En total, se registraron 52 desembolsos irregulares, cuyos montos fueron transferidos directamente a su cuenta personal.
El organismo de control determinó que la exfuncionaria incurrió en una falta disciplinaria de carácter gravísimo, cometida con dolo, al violar de manera directa los principios éticos y legales que rigen el ejercicio de la función pública.
La sanción impuesta consiste en destitución del cargo e inhabilidad general por seis años y ocho meses, lo que impide a Díaz Latorre ejercer cualquier función pública durante ese lapso.
Pese a la gravedad de los hechos, la sancionada aceptó los cargos y procedió a devolver voluntariamente más de $56 millones, cifra superior a lo apropiado inicialmente, lo que fue tenido en cuenta como atenuante dentro del proceso.
Este caso vuelve a poner en evidencia los desafíos de control interno en las entidades estatales y refuerza el llamado a una vigilancia más estricta sobre el manejo de los recursos públicos.
