Fallo judicial ordenan garantizar vivienda digna a familias indígenas afectadas por el invierno en Armenia

Judiciales

Un fallo de tutela emitido por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de garantías de Armenia reconoció el derecho fundamental a la vivienda digna de cerca de 40 familias indígenas Emberá Chamí y Emberá Katío, asentadas en el barrio Miraflores de la ciudad. La decisión fue celebrada por la Defensoría del Pueblo, entidad que interpuso la acción constitucional tras constatar el deterioro de las condiciones de vida de estas comunidades.

Durante una verificación humanitaria realizada en abril, la Defensoría evidenció que los efectos de la temporada invernal afectaron gravemente a estas familias, en especial a niñas, niños, personas mayores y personas con discapacidad, que habitan en condiciones de alta vulnerabilidad.

Como parte de la decisión judicial, se ordena a la Alcaldía de Armenia y a la Gobernación del Quindío ofrecer, en un plazo no mayor a 15 días, soluciones de alojamiento temporal o alternativas de vivienda con enfoque diferencial. Estas deberán contar con condiciones mínimas de habitabilidad y servicios básicos como agua potable, energía eléctrica y saneamiento.

Además, el fallo exhorta a las secretarías de salud a realizar brigadas médicas para atender integralmente a la población afectada. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) también fueron vinculados para brindar acompañamiento psicosocial, así como para gestionar el Registro Único de Damnificados, herramienta clave para la entrega de ayudas humanitarias.

La vigilancia del cumplimiento de estas órdenes judiciales estará a cargo de la Personería Municipal de Armenia y la Procuraduría Regional del Quindío, mientras que la Defensoría del Pueblo continuará con el seguimiento permanente del caso.

Esta sentencia representa un paso importante en la garantía de los derechos de los pueblos indígenas en contexto urbano, y evidencia la necesidad de que las instituciones públicas articulen acciones para atender de manera efectiva a las comunidades históricamente excluidas.

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