El poder utilizado para delinquir. Esa fue la conclusión del juez de conocimiento que halló responsable a Diego Andrés Guerra Quintero, exalcalde de Rovira (Tolima), de haber usado su cargo para apropiarse indebidamente de dineros públicos mediante la firma y liquidación irregular de un contrato de prestación de servicios.
La sentencia, basada en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, le impone 10 años de prisión y la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo. Además, deberá pagar una multa equivalente a 121 salarios mínimos legales vigentes.
El caso se remonta a febrero de 2015, cuando Guerra Quintero firmó un contrato por 18 millones de pesos con un ciudadano, cuyo objeto era prestar servicios profesionales para apoyar la administración municipal. Según la investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Administración Pública en Tolima, el entonces alcalde no solo supervisó de manera irregular la ejecución del contrato, sino que también falsificó documentos con el fin de aparentar su cumplimiento.
La maniobra le permitió tramitar el cobro del dinero restante —que fue retirado por un tercero— en julio del mismo año. La Fiscalía probó que el exfuncionario actuó en interés propio, vulnerando principios básicos de la función pública como la moralidad, eficacia e imparcialidad.
Este caso se suma a otros en los que mandatarios locales, lejos de proteger el patrimonio público, se ven involucrados en redes de corrupción administrativa que afectan directamente el bienestar y desarrollo de sus municipios.
