La participación activa del Gobierno del Quindío en la reciente Asamblea General de Accionistas de Empresas Públicas del Quindío (EPQ), celebrada en segunda convocatoria, fue respaldada por la presencia de delegados de organismos nacionales, quienes garantizaron la legalidad y transparencia del proceso.
Isabel Cristina Lezama Velázquez, secretaria de Representación Judicial del departamento y apoderada oficial en la reunión, informó que las decisiones adoptadas —entre ellas, la elección de nuevos miembros de la Junta Directiva— se efectuaron bajo observación directa de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Alta Consejería Presidencial para las Regiones. En el encuentro estuvieron presentes Miguel Alfonso Gordo Granados, superintendente delegado para Protección del Usuario, y Anderson Guerra Bedoya, delegado presidencial, lo que, según Lezama, fortalece la legitimidad del proceso.
La funcionaria explicó que la validez de los nombramientos hechos en la asamblea no depende de su registro en la Cámara de Comercio, sino de la aceptación formal del cargo por parte de los designados, de acuerdo con lo que establecen las normas vigentes y los estatutos de EPQ. “Los registros cumplen una función de publicidad ante terceros, pero la decisión tiene efectos desde su aceptación”, precisó.
Asimismo, Lezama recordó que aunque algunos socios se retiraron de la sesión en un intento por fracturar el quórum deliberativo, la asamblea continuó cumpliendo lo exigido por el Código de Comercio: la presencia mínima de dos accionistas que habilita la toma de decisiones válidas.
“El desarrollo de la asamblea fue un ejercicio de transparencia, legalidad y sujeción a los procedimientos corporativos”, afirmó la apoderada del Gobierno seccional, quien también reiteró que las decisiones tomadas son obligatorias incluso para los accionistas ausentes o disidentes.
La Asamblea del 28 de julio, que fue convocada en segunda instancia, marca un nuevo momento en la reorganización de la administración de EPQ, en medio de un clima de tensión accionaria, pero con plena garantía jurídica, según lo reiterado por los entes de control.