En Armenia, entregar las bolsas de basura a recicladores informales o personas en situación de calle podría costarle cerca de un millón de pesos. Las autoridades intensifican los operativos de control y, en lo que va del año, ya se han impuesto 17 órdenes de comparendo por esta conducta, tipificada como una infracción al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1801), específicamente en el artículo 111.
Esta normativa prohíbe prácticas como sacar la basura en horarios no establecidos, dejar residuos en lugares no autorizados o entregarlos a personas no vinculadas a Empresas Públicas de Armenia (EPA), entidad que tiene la exclusividad del servicio.
Desde la EPA y la Policía Nacional se recordó que arrojar residuos, escombros o elementos como llantas en espacios públicos o privados sin permiso no solo deteriora el entorno, sino que también pone en riesgo la salud pública. La entidad reiteró que los ciudadanos pueden agendar la recolección de muebles, colchones y otros elementos voluminosos a través del canal de atención por WhatsApp, una alternativa legal y gratuita para evitar sanciones.
La invitación final de las autoridades es clara: cumplir las frecuencias de recolección en cada barrio y abstenerse de delegar la disposición de residuos a terceros ajenos al sistema oficial. Lo contrario, reiteran, puede salir caro.
