La alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda, lanzó un fuerte llamado de atención al Gobierno Nacional al anunciar una estrategia de control y retorno asistido de habitantes de calle que llegan desde otras regiones, asegurando que la ciudad no puede seguir enfrentando en solitario una situación que debería ser atendida de manera articulada en todo el país.
La mandataria explicó que en los últimos meses se ha incrementado de forma notoria la presencia de personas en condición de calle no oriundas de Ibagué, lo que ha generado tensiones en la comunidad y ha impactado la percepción de seguridad. Sin embargo, recalcó que este no es un fenómeno local, sino un reflejo de la ausencia de políticas nacionales efectivas para atender la indigencia y el consumo problemático de drogas.
“Ibagué no tiene la capacidad de cargar con un problema estructural que el Estado no ha sabido manejar. Necesitamos respuestas nacionales, no parches improvisados que terminen desbordando nuestras instituciones”, enfatizó Aranda.
Aunque la estrategia municipal incluye programas de atención social para los ibaguereños en situación de calle, la mandataria dejó claro que no permitirá que la ciudad se convierta en el “basurero social” de otras regiones. En ese sentido, anunció controles estrictos en las entradas de la ciudad y un plan de retorno asistido, con el que se buscará enviar a estas personas a sus lugares de origen.
El pronunciamiento revela el choque entre la responsabilidad social que deben asumir las ciudades y la falta de coordinación del Estado para ofrecer soluciones de fondo, lo que expone a Ibagué al desgaste institucional y al riesgo de agravar la problemática en lugar de resolverla.
