La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación prioritaria por el atentado registrado este jueves 21 de agosto frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el norte de Cali, donde un camión cargado con cilindros bomba explotó, dejando al menos cinco personas muertas y 36 heridas.
De acuerdo con información preliminar de inteligencia militar y policial, el vehículo habría lanzado dos artefactos explosivos contra la instalación castrense. Aunque estos no alcanzaron a penetrar las defensas de la base, el camión estalló en la vía pública, lo que ocasionó la tragedia.
Hipótesis de las autoridades
Fuentes judiciales confirmaron que detrás de este ataque estaría una estructura criminal vinculada al narcotráfico, que ha venido utilizando métodos propios de la guerra irregular para intimidar a la Fuerza Pública. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, lo calificó como un acto “narco-terrorista” y anunció una recompensa de hasta 400 millones de pesos para dar con los autores intelectuales y materiales.
La Gobernación del Valle y la Alcaldía activaron un Puesto de Mando Unificado, mientras peritos de la Fiscalía adelantan inspecciones judiciales en la zona para recoger evidencias de la carga explosiva utilizada, verificar cámaras de seguridad y establecer la ruta que tomó el vehículo antes de detonar.
Voces de la tragedia
Los testimonios de los habitantes del sector revelan la magnitud de lo ocurrido. Carlos Alberto Valencia, vecino del área, denunció que su casa quedó prácticamente destruida. Otro de los lesionados relató que solo sufrió heridas por esquirlas, aunque la onda explosiva lo lanzó al suelo.
Acciones inmediatas
La Alcaldía de Cali dispuso un control especial en las entradas y salidas de la ciudad y ordenó la restricción del tránsito de camiones de más de cuatro toneladas durante la noche. El CTI de la Fiscalía, en coordinación con la Sijín y la Policía Metropolitana, inició la recolección de pruebas para determinar la autoría del ataque.
Un hecho con repercusión nacional
La magnitud del atentado encendió las alarmas del Gobierno central, que ya evalúa la posibilidad de reforzar la seguridad en instalaciones militares y zonas urbanas sensibles en el suroccidente del país.
Mientras tanto, las víctimas y sus familias exigen justicia. El país espera que las autoridades no solo capturen a los responsables, sino que esclarezcan quiénes ordenaron este acto que, además de dejar muertos y heridos, golpea la sensación de seguridad de toda una ciudad.
