La Procuraduría General de la Nación tomó una decisión ejemplarizante contra un funcionario de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Diego Andrés Rosas Ramírez, quien se desempeñaba como profesional de gestión II, fue destituido de su cargo e inhabilitado para ejercer funciones públicas durante los próximos doce años, tras comprobarse que utilizó documentos falsos para reclamar cesantías correspondientes a los años 2021 y 2022.
La investigación disciplinaria estableció que Rosas Ramírez presentó de manera reiterada promesas de compraventa y certificados de tradición y libertad que no coincidían con la realidad registral de los inmuebles allí mencionados. Gracias a estas maniobras logró acceder a recursos que no le correspondían, afectando la confianza en la entidad.
El fallo, emitido en primera instancia por la Procuraduría Distrital de Juzgamiento, concluyó que el funcionario actuó con dolo y vulneró principios fundamentales del servicio público como la veracidad, la moralidad, la eficiencia y la buena fe. Por ello, la conducta fue catalogada como falta gravísima.
Con esta sanción, el Ministerio Público busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia frente a actos de corrupción y a las prácticas fraudulentas dentro de entidades creadas para la administración de justicia transicional.
