El Juzgado Cuarto Penal Municipal de Armenia emitió un fallo que ha abierto nuevamente la discusión sobre los alcances de la crítica política en Colombia. La decisión judicial tuteló los derechos fundamentales al buen nombre y a la honra de la representante a la Cámara por el Quindío, Sandra Bibiana Aristizábal Saleg, tras la publicación de un video en redes sociales con expresiones que, según el juez, excedieron los márgenes de la crítica legítima.
El material, difundido en Facebook y TikTok por Mariana Chalela Londoño, contenía calificativos que el despacho consideró ofensivos, desproporcionados y carentes de sustento verificable. Para el juez Fredy Alberto Mondragón, si bien los servidores públicos deben estar expuestos a un mayor grado de escrutinio, ello no implica tolerar ataques personales o lenguaje degradante.
La sentencia, que ordena el retiro del video y advierte a la accionada abstenerse de repetir conductas similares, subraya que la libertad de expresión no es absoluta y que pierde protección cuando se emplea para injuriar o calumniar. “El video no constituye un ejercicio de crítica política válido, sino un ataque directo que afecta gravemente la reputación de la accionante”, señala el fallo.
Tras conocerse la decisión, Aristizábal Saleg agradeció el respaldo jurídico recibido y destacó que el control ciudadano y el debate político son pilares de la democracia, pero deben desarrollarse “en un marco de respeto y responsabilidad”.
El caso deja sobre la mesa un debate sensible: ¿cómo garantizar la protección de la honra sin debilitar la crítica ciudadana? Una tensión que la justicia deberá seguir arbitrando en un escenario donde las redes sociales amplifican tanto las voces de vigilancia como los riesgos de agresión verbal.
