En Colombia, hablar de salud mental entre universitarios se ha convertido en un clamor que no encuentra respuesta efectiva. En el marco del Día Mundial de la Prevención del Suicidio, la Defensoría del Pueblo advirtió que los estudiantes enfrentan un entramado de obstáculos que retrasa o incluso impide el acceso oportuno a servicios psicológicos, en un país donde los suicidios ya son una de las principales causas de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años.
Las cifras son contundentes. Solo en el primer semestre de 2025, Medicina Legal registró 1.352 suicidios, una estadística que muestra con crudeza la magnitud de la crisis. En el entorno universitario, los datos son aún más alarmantes: uno de cada tres estudiantes reporta ideación suicida, mientras que casi la mitad presenta síntomas depresivos o ha recibido un diagnóstico clínico.
Pero el drama no termina ahí. Según un estudio aplicado a más de 1.700 estudiantes en Bogotá, el 94% de ellos enfrentó al menos tres barreras simultáneas para conseguir atención, y siete de cada diez se toparon con cinco o más. Horarios incompatibles con la vida académica, trámites burocráticos interminables, listas de espera que se extienden por meses y costos de transporte o consulta que resultan impagables, hacen que buscar ayuda sea para muchos un callejón sin salida.
El fenómeno, advierte la Defensoría, no es exclusivo del país. En las Américas, la Organización Panamericana de la Salud ha documentado un aumento del 17% en las tasas de suicidio durante las últimas dos décadas. Colombia, por tanto, no es un caso aislado, sino parte de una tendencia continental que exige acciones conjuntas y urgentes.
La entidad de control instó a implementar soluciones inmediatas: consultorios satélites, telepsicología subsidiada, horarios extendidos, ventanillas únicas digitales y subsidios de transporte que eliminen las barreras más frecuentes. “Cada trámite que retrasa una cita puede significar la diferencia entre la vida y la muerte”, alertó la institución.
El mensaje es claro: la universidad no puede seguir siendo un espacio donde los jóvenes se enfrenten a la soledad de un sistema que les da la espalda. Convertir los campus en entornos protectores y accesibles es una obligación ética y política. En un país con jóvenes cada vez más vulnerables, garantizar atención en salud mental ya no es una opción: es un imperativo de supervivencia.
