El departamento del Putumayo atraviesa un momento crítico en materia de seguridad. En las últimas semanas, operaciones del Ejército Nacional contra la minería ilegal y el narcotráfico han sido respondidas con actos de violencia colectiva que ponen en riesgo tanto a uniformados como a la población civil.
El episodio más reciente se registró en la vereda Mandur, zona rural de Puerto Guzmán, donde tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 27 fueron rodeadas por un grupo de personas que intentó despojarlos de sus armas y agredirlos con objetos contundentes. La tropa, acorralada, respondió con disparos controlados para evitar un eventual secuestro y salvaguardar su integridad.
Estos hechos no son aislados. El pasado 3 de septiembre, en Villagarzón, un oficial y dos soldados sufrieron quemaduras graves luego de que les arrojaran gasolina durante la destrucción de un laboratorio de cocaína. De igual manera, en Santa Lucía, Puerto Guzmán, dos militares fueron secuestrados y un vehículo fiscal terminó incinerado.
De acuerdo con fuentes castrenses, detrás de estas acciones estaría el grupo armado organizado residual (GAO-r) Comandos de Frontera, que busca frenar la ofensiva contra actividades ilícitas que alimentan sus finanzas. La estrategia de este grupo incluye movilizar comunidades para generar asonadas y obstaculizar la labor de las Fuerzas Militares.
El Ejército Nacional condenó los ataques, advirtiendo que constituyen violaciones a los derechos humanos y comprometen la seguridad en la región. Además, anunció que los hechos serán denunciados ante las autoridades competentes.
El recrudecimiento de la violencia en Putumayo plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para consolidar la gobernabilidad en zonas rurales donde la minería ilegal y el narcotráfico siguen siendo la principal fuente de ingresos de grupos armados.
