El manejo del urbanismo en Medellín vuelve a estar en el centro del debate judicial y político. La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra el exalcalde Daniel Quintero Calle, nueve exintegrantes de su gabinete y tres particulares, por presuntas maniobras para modificar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) con el fin de favorecer la restitución de un lote en condiciones irregulares.
De acuerdo con la investigación, los implicados habrían buscado entre 2020 y 2023 cambiar la destinación de un predio que debía entregarse gratuitamente al municipio, transformando el proceso en una compraventa que permitiera a los particulares recibir más de 40.500 millones de pesos. Aunque la conciliación inicial fracasó, la Fiscalía sostiene que se expidieron actos administrativos irregulares para aumentar el valor del terreno y habilitar su uso en actividades urbanísticas no autorizadas.
Entre los procesados figuran exsecretarios, subsecretarios y asesores jurídicos de la administración municipal, así como los supuestos beneficiarios del predio: Juan Diego de Jesús Moreno Barón, José Fernando Rueda Salazar y Juan Manuel Villegas Márquez. Los delitos imputados incluyen peculado por apropiación, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos.
El caso pone bajo la lupa las decisiones adoptadas en la Alcaldía de Medellín durante la administración Quintero y abre un nuevo capítulo sobre los riesgos de manipular el POT, una herramienta fundamental para la planeación urbana de la ciudad. Lo que está en juego, según expertos consultados, no es solo un lote, sino la confianza en la gestión pública del territorio.
